He escrito antes sobre el tema, pero creo que ahora he completado una vuelta más en la espira, con la forma socialmente perfecta de elegir a quienes serán nuestras voces en las instancias sociales.
Estamos en un cambio civilizatorio. La “Modernidad” muere. No es sustentable. De ella nacieron el capitalismo (y su epílogo, el Neoliberalismo) y el comunismo del Siglo XX. Guerras, Cambio Climático, Pobreza, Inequidad, alienación son sus consecuencias.
La nueva civilización apunta hacia una visión holística, integral, combinando lo interior y lo exterior, lo individual y lo colectivo. Lo espiritual, lo ético por encima de lo material. La ecología por encima de la política, y ésta comandando a la economía. La nueva civilización incluye la anterior (como siempre ha sido en la historia), pero la trasciende.
Pero aún no se alcanza la masa crítica para garantizar el predominio de los nuevos valores.
En última instancia, está en la voluntad de cada ser el hacer el cambio. Creo en la revolución holística, pero que tiene varias caras: la personal (espiritual, ética), fundamental, imprescindible; la social (familiar, comunitaria, nacional), necesaria, pues “al Cielo no se entra solo”; y la mundial, porque ya superamos lo local, lo regional y lo nacional. Como un taburete con tres patas, las tres necesarias, basta que falte una para que se caiga.
La voluntad individual no puede sola, pues lo individual, lo colectivo, lo interior y lo exterior, están íntimamente correlacionados.
El individuo, para desarrollar su conciencia, necesita un cuerpo y una mente bien desarrollados, bien alimentados, bien educados.
Y estos dos aspectos individuales, lo físico y lo mental, se desarrollan en un colectivo, social y cultural. Por ello, necesitamos nuevas instituciones, y una nueva cultura, que a su vez depende de la suma de los individuales. Es un todo.
Entonces, ¿cómo ayudamos a que los nuevos valores predominen?
Necesitamos incidir en las instituciones. Propiciar nuevas instituciones.
La institución básica es la familia. Pero solo un pequeño porcentaje de ellas es portador de nuevos valores. La mayoría vive en los viejos, dormidas, contaminadas, fragmentadas. Así que sólo un pequeño porcentaje de las familias, una masa subcrítica, está en capacidad de fomentar el cambio civilizatorio.
Las otras dos grandes instituciones formadoras de cultura son la escuela y los medios, que inciden directamente, la primera, en al menos el 40% de la población; y la segunda, podríamos decir que en el 100%.
Hay otras instituciones muy importantes, como las iglesias. Pero, en muchos casos, son representación de la “Modernidad”, por lo que, más que ayudar, en muchos casos, reman en dirección contraria. No deposito en ellas mis esperanzas.
Y hay otras que, aunque inciden minoritariamente, son fundamentales, como los sistemas de Justicia y Ciudadano, pues tienen influencia precisamente en un sector de la población que más lo necesita, si los tribunales, fiscalías, defensorías y cárceles se transforman en mecanismos de inserción y redención sociocultural.
En este artículo hablaremos sólo de las escuelas y los medios, por alcanzar a la totalidad de la población.
En el 2014 escribí sobre los medios de comunicación unas ideas que retomo, elevándolas una vuelta en la espira, y extendiéndolas ahora al sistema educativo.
Decía allí que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada: los medios de comunicación y las instituciones educativas no son la excepción.
Por otra parte, tenemos el derecho a la libertad de empresa y a la libertad de expresión, sin censura y a recibir información oportuna, veraz e imparcial.
¿Cómo combinar ambos derechos, aparentemente contradictorios?
Siempre debe privar la Justicia. Si dos derechos se contraponen, la persona más débil deberá ser protegida. Este principio rector no debe ser olvidado.
Comencemos con los medios de comunicación. Un medio de comunicación privado, que busca el lucro de sus accionistas, ¿cómo puede garantizar al público el derecho de información oportuna, veraz e imparcial? La experiencia venezolana muestra que eso es muy difícil.
En primer lugar, debemos diferenciar entre medios de opinión y de información y así creemos que debería establecerse en la Ley.
Un medio de opinión es aquél dedicado a emitir información parcializada, expresamente identificada como tal. Debe ser entonces sólo por suscripción, de modo que el mensaje solo llegue a quien realmente la desee. Estos medios de opinión no podrían hacer uso de recursos exclusivos del Estado, como el espectro radioeléctrico. Este tipo de empresa funciona igual que cualquier otro tipo de empresa mercantil.
Pero un medio de información es, por el contrario, aquél cuya función es transmitir equilibrada y objetivamente informaciones oportunas, veraces e imparciales, sin censura, abierta a todos, incluyendo el derecho a réplica. Este tipo de empresa requiere un tratamiento especial, por ejemplo, a través de la Ley de Contenido.
Todo medio de información, para combinar la libertad de empresa con la libertad de expresión, puede estar regido, a nuestro juicio, por dos Juntas Directivas: una Mercantil y una de Información. La primera, como en cualquier servicio de primera necesidad, operada por una Empresa de Propiedad Social, una Cooperativa, o similar. La segunda, con plena autonomía, dirige el aspecto informativo, el contenido, integrada por una representación del sector educativo y del público que recibe la información, los usuarios y usuarias, presidida por un profesional del medio, regido por un código de ética profesional, una junta con absoluta autonomía, incluso de la Junta Directiva Mercantil.
¿Cómo elegir esas personas? Al azar. De la base de datos del CNE, con aquellos electores que cumplan unos requisitos mínimos para asumir esa función (a ser definidos por la Ley) y que expresen su voluntad de ser elegibles. De esa base de datos se eligen, completamente al azar, para el área geográfica de influencia de cada medio, las personas que formarán parte de la Junta Directiva Informativa de cada medio, sea público o privado. Por supuesto, siempre tendrían una representación del Estado, a través de los Ministerios correspondientes.
De esta forma creemos que se conjugan la libertad de empresa con el derecho a la información, limitando la regulación por parte del Estado al mínimo, pues la sociedad, a través de la Junta Directiva de Información regularía más eficientemente, en forma descentralizada. El mecanismo propuesto podría ser cubierto por una reforma a las leyes de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social en Radio y TV. Se buscaría un mecanismo para que la ciudadanía general ejerza la potestad decisoria en materias importantes de la empresa.
La Junta Directiva Mercantil, en el caso de los medios privados, conservaría su autonomía operativa, sujeta a la Ley y a la gestión de la Junta Directiva Informativa, que sería mandatoria, vinculante, en materia de contenido de dicho medio.
En el sector educativo, la propuesta es similar. Toda escuela, liceo, universidad, sea pública o privada, tendría dos juntas directivas. Una la comercial (en el caso privado) u oficial (en el caso público); y la otra, la educativa, conformada en forma similar a la descrita arriba para las Junta Directiva Informativa de los medios de comunicación (información). No sería simplemente la comunidad educativa; no, sería mucho más, una directiva.
En ambos casos, medios de información e instituciones educativas, los lineamientos seguirían siendo dados por el Estado, pero la gestión estaría descentralizada hacia la sociedad.